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PREMISAS PARA UN DIÁLOGO INSTITUCIONAL EN CATALUÑA

Ante los posicionamientos que se están expresando desde diferentes sectores respecto a la virtualidad y/o la deseabilidad de un diálogo entre los gobiernos central y autonómico, de un lado, y entre los partidos catalanes de otro, queremos formular las siguientes consideraciones:

 

  1. Manifestamos nuestra preocupación por la grave tensión existente en Cataluña como consecuencia de los desórdenes públicos y otras alteraciones de la normalidad ciudadana llevadas a cabo por colectivos independentistas.

 

  1. La Generalitat no puede sustraerse a la responsabilidad de condenar los actos de violencia y los desórdenes públicos, por cuanto lesionan derechos fundamentales de las personas. Recíprocamente, el gobierno autonómico catalán debe asumir el imperio de la ley, lo que comporta el respeto a las instituciones democráticas, entre ellas la de la justicia. No hay democracia por encima de la ley, no es admisible reclamar la inhibición de la justicia ante conductas ilícitas.

 

  1. Discrepamos del diagnóstico elaborado por los medios oficiales en cuanto a la caracterización de los hechos como un conflicto con responsabilidades compartidas, habida cuenta de que la situación de crispación que conocemos es el resultado de decisiones unilaterales y contrarias a la legalidad. Asimismo, manifestamos nuestro desacuerdo respecto a la invocación del diálogo como sobreentendido de un recorrido a repartir entre la legalidad constitucional, de un lado, y las posiciones del secesionismo, del otro.

 

  1.  La invocación del diálogo presupone asumir las premisas del funcionamiento institucional establecidas en el corpus jurídico correspondiente, es decir, la aceptación del marco constitucional como gramática política de referencia. Cuando los tribunales constitucionales italiano y alemán desautorizaron los referéndums de Véneto (2015) y Baviera (2017), el asunto quedó zanjado. En Cataluña se siguió una vía de ilegalidad y deslealtad, saltándose la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que procede en cualquier Estado de derecho en que se vulnera la ley –pensemos qué habría ocurrido en Italia o Alemania de haber optado por la desobediencia– es la actuación de la justicia. Hablar de judicialización cuando las instituciones actúan en respuesta a una ilegalidad y se incoan los procesos penales correspondientes supone la negación misma del Estado de derecho.

 

  1. En la arquitectura orgánica de los Estados las diferentes instituciones tienen cometidos distintos. La soberanía reside en el pueblo entendido como el conjunto de ciudadanos que viven en el territorio demarcado por el Estado de derecho. Si se invoca el diálogo para dar a entender unas condiciones de igualdad entre el gobierno autonómico y el central se incurre en un uso indebido del término. Si se invoca el diálogo para torcer el brazo a la contraparte o presentarlo como una expresión de equivalencia, bilateralidad o confederalismo, ocurre lo propio.

 

  1. El diálogo es necesario en cuanto que herramienta cardinal del funcionamiento democrático y de la cultura cívica; y como tal debe formar parte de la pedagogía colectiva. Ahora bien, no hay diálogo sin reglas. La primera de ellas consiste en la igualdad de las partes, la cual viene dada, en el plano político, por el respeto de la estructura institucional legítimamente establecida. En segundo lugar, el marco normativo del diálogo es de aplicación general. No resulta sincera ni razonable la exigencia de diálogo a las instituciones del Estado cuando las instituciones autonómicas niegan la voz a una parte de la población de su propia comunidad.

 

  1. Cabe en la cuestión catalana distinguir un triple ámbito para el ejercicio del diálogo. En primer lugar, en términos de arquitectura institucional el gobierno central dialoga –y lo han hecho todos– con la Generalitat, como con cualquier administración autonómica en función de las circunstancias, sobre competencias, financiación y asuntos de esa naturaleza; siempre dentro del marco constitucional y estatutario. No puede dialogar sobre lo que desborda ese marco: convocatoria de referéndum de secesión, alteración de la separación de poderes o presión sobre el judicial para condicionar una sentencia. Desde este supuesto, resulta inaceptable que después de una secuencia de vulneraciones de la legalidad se invoque el resultado de ésta como causa de los disturbios y la tensión social. Y resulta inaceptable que se predique el diálogo a la vez que se multiplican las soflamas y se alientan las protestas.

 

  1. En segundo término, aunque en la secuencia lógica es previo al anterior, en el ámbito autonómico sería deseable y exigible que en ese diálogo se diera cabida al pluralismo político interno, que ‘catalanes’ fueran ‘todos los catalanes’. La aprobación de acuerdos parlamentarios con los escaños de la oposición vacíos no es una señal de calidad democrática. La gramática del diálogo es incompatible con los supuestos que connotan expresiones como “las calles son nuestras”, “la escuela no se toca”, “la voluntad de un pueblo”, etc. La patrimonialización de la voz es un rasgo de autoritarismo, no de pluralismo. Como es sabido, el pueblo y el mandato popular tan invocados, nunca han alcanzado la mitad del censo. ¿Cómo se puede blandir la bandera del diálogo cuando se ningunea a la mitad de la población?

 

  1. En tercer término, el diálogo presupone una actitud abierta e inclusiva para atender las voces del conjunto de la sociedad catalana y un compromiso institucional con la equidad para asegurar que ese diálogo se produce en igualdad de condiciones. Sin embargo, la situación actual está muy lejos de esos estándares, y es llamativo que quienes, situándose en una posición de equidistancia, invocan el diálogo, hagan caso omiso del ventajismo de la parte que representa el gobierno catalán. En la práctica tal posición denota la asunción del marco argumental del secesionismo. Ese ventajismo se manifiesta en aspectos, tan cruciales para el pluralismo cívico, como el desplazamiento del castellano en la escuela (inmersión en catalán), el adoctrinamiento escolar, el sesgo nacionalista de ciertos programas, el control de los medios de comunicación públicos o la patrimonialización de las instituciones, incluidos los Mossos. Esta patrimonialización viene favorecida por una ley electoral que sesga la representación parlamentaria al abaratar los votos de las zonas más nacionalistas.

 

  1. Si se obvian estas diferencias de partida, las opciones de la equidistancia o de una invocación aséptica al diálogo son solo bazas para aumentar la ventaja de quienes han menoscabado el diálogo de Cataluña desde que se han apropiado de las instituciones y controlado hegemónicamente las posiciones de poder. Desde luego defendemos el diálogo, el pacto y el compromiso como instrumentos de la vida política, pero esa defensa descansa en una premisa normativa fundamental: debe estar encaminada a la protección del pluralismo, a la defensa de los valores constitucionales y a la igualdad de derechos.

 

  1. La cuestión crucial reside en el hecho de que la posición nacionalista se ha adueñado del lenguaje noble universalista (democracia, urnas, pacifismo, pueblo, diálogo, desobediencia civil…) y lo ha tergiversado e instrumentalizado para ponerlo al servicio de sus objetivos particularistas identitarios. Y resulta imposible dialogar y razonar con un lenguaje viciado. Queremos por eso manifestar nuestro profundo desacuerdo con aquellas propuestas de solución que calcan el marco conceptual y el lenguaje de una parte, cuando uno y otro resultan manifiestamente sesgados y partidistas. Si no se procede a una clarificación sobre el sentido de las palabras, como “esto va de democracia”, “el mandato del pueblo”, o una impugnación de afirmaciones de connotaciones evidentes, como “el pueblo antes que las leyes”, todo lo demás resultará en vano. Convendría recordar el papel de los nacionalismos en el siglo XX y el uso del lenguaje como herramienta principal de asfixia de la cultura cívica. Los nacionalpopulismos que infectan la esfera pública empiezan por la corrupción del lenguaje. A cualquier observador no contaminado le costará entender que Cataluña sea una comunidad oprimida. La fijación de ciertas sensibilidades de izquierda en la injusticia catalana resultará incomprensible tan pronto como la distancia temporal disperse la niebla. Cuando escuchemos hablar de diálogo o de democracia en estas coordenadas es conveniente pedir las credenciales a las palabras.

Editorial SCC

Jóvenes disidentes en la UAB.

Viernes, Diciembre 16, 2016 - 20:45

En un contexto en que el espacio público en general y el educativo en particular están  copados por el nacionalismo, la emergencia en el campus de Bellaterra de un pequeño colectivo de estudiantes que alza la voz en defensa de la convivencia de Cataluña con el resto de España ha resultado imposible de digerir para los cachorros más reaccionarios del separatismo y del (sorprendentemente) autodenominado “antifascismo” que hasta ahora, y desde hace demasiado tiempo, campaban a sus anchas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Desde que se constituyó (hace unos pocos meses), la Agrupación de Jóvenes de Societat Civil Catalana de esta universidad (SCC-UAB) ha sufrido tantas agresiones como iniciativas públicas ha promovido. Los integrantes de todas las carpas desplegadas han sido ferozmente increpados, como se puede ver en este ilustrativo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=2m5w7ECnLZI).




Mejorar España o Destruir Cataluña.

Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 18:23

Desde Societat Civil Catalana queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que una parte significativa de las cargos y autoridades locales y autonómicos en Cataluña estén utilizando impropiamente su poder para emprender acciones manifiestamente ilegales incurriendo, a la vez, en un evidente despilfarro de recursos públicos. Nos parece especialmente condenable la vulneración del principio democrático de neutralidad de las instituciones, en las que con frecuencia los símbolos partidistas desplazan a los oficiales de todos los catalanes, se hacen apelaciones a la desobediencia y a la transgresión de las leyes y resoluciones de los órganos judiciales y se fomenta el desprecio al actual marco constitucional tratando de devaluar su trascendencia y relevancia.

El populismo nacionalista está incurriendo en un claro y manifiesto abuso del poder que detenta. Sus dirigentes públicos se aprovechan del cargo y de las atribuciones inherentes al mismo frente a los que se encuentran en situación de dependencia o subordinación y tratan, además, de influir en los ciudadanos en beneficio de una determinada ideología. Es corrupción política de tintes totalitarios.  




Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat.

Miércoles, Septiembre 28, 2016 - 23:08

Societat Civil Catalana muestra su preocupación por el plan de gobierno que ha presentado hoy Carles Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña.

En su intervención el Sr. Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de la Generalitat ya trabaja en la elaboración de todo aquello que es preciso para proceder a la declaración de independencia de Cataluña. Se trata de un desafío expreso no solamente a la Constitución sino también al Tribunal Constitucional, quien ha anulado la hoja de ruta secesionista y ha prohibido que se dé cualquier tipo de apoyo al proceso de secesión.

El proyecto de gobierno que se ha presentado ante la Cámara autonómica no es más que el detalle de un golpe de Estado que implicaría la ruptura unilateral de la soberanía española y el intento de imponer sobre Cataluña y los catalanes la autoridad de los secesionistas en contra tanto del Derecho interno como del Derecho internacional.




El desafío separatista y la gobernabilidad.

Jueves, Septiembre 1, 2016 - 14:23

De los muchos desafíos a los que se enfrenta España en estos momentos, el más grave es el que plantean los separatistas en Cataluña. Lo es, en primer lugar, porque afecta a la existencia misma de España como Estado y al mantenimiento de la comunidad política soberana que formamos todos los españoles; y en segundo término porque de consumarse el terremoto político anunciado por los nacionalistas catalanes los perjuicios económicos y sociales afectarían al conjunto de los españoles y a la estabilidad europea. Finalmente, lo es porque las administraciones públicas catalanas de una forma expresa han escenificado su rechazo a ser consideradas ya como administraciones españolas y aparentan actuar como instituciones de un Estado independiente.




 

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